CAPÍTULO AP: CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y LA EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES1

ARTÍCULO 4301. Crear el “Centro para la Transparencia, el Control y la Eficiencia del Sector Público de la Universidad de Buenos Aires”, que desarrollará sus funciones en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica, cuyos fundamentos, objetivos y funciones se detallan en el presente Capítulo.

ARTÍCULO 4302. El Centro para la Transparencia, el Control y la Eficiencia del Sector Público estará compuesto por un Consejo conformado por expertos en materia de eficiencia gubernamental, transparencia y lucha contra la corrupción. El Consejo designa al Coordinador Ejecutivo y Operativo que luego conforman los Grupos de Trabajo integrados por un equipo interdisciplinario compuesto por representantes de distintas facultades.

FUNDAMENTOS:

En el siglo XXI las democracias contemporáneas enfrentan varios retos. Por una parte, los relativos a alcanzar la paz global, reducir la desigualdad social y proteger el medio ambiente. Por otra parte, profundizar o al menos mantener los mecanismos que aseguran la división de poderes, la rendición de cuentas y la publicidad de los actos de gobierno, pilares básicos de un orden político abierto y plural. Uno de los fenómenos mundiales que afecta por igual al logro de ambos conjuntos de desafíos es la falta de transparencia y de integridad en el funcionamiento de las instituciones y las organizaciones gubernamentales y de una de sus consecuencias directas, la propagación de la corrupción. Como la desigualdad o la pobreza, la corrupción corroe a las democracias por dentro.

Por eso las democracias más avanzadas del planeta promueven políticas para crear conciencia entre la ciudadanía sobre los perjuicios ocasionados por la opacidad en el desempeño de los poderes públicos, así como para impulsar cambios en los ordenamientos legales que apunten a evitar o reducir las consecuencias provocadas por la colusión, los sobornos y otras prácticas de corrupción.

 Sin embargo, aunque las autoridades democráticas lideren una agenda política para impulsar la transparencia y la lucha anticorrupción, sus acciones siempre encontrarán limitaciones evidentes. Por un lado, los funcionarios públicos de cada país no tienen jurisdicción para enfrentar un fenómeno cada vez más globalizado. Por el otro, medidas que requieren de una alta estabilidad para alcanzar resultados relevantes dependen de los vaivenes de los ciclos electorales o enfrentan situaciones donde los gobiernos y los partidos políticos están involucrados en el problema de la falta de transparencia e incluso la corrupción.

La participación de la sociedad civil y de asociaciones ciudadanas preocupadas por el tema ha logrado importantes avances para superar estas limitaciones de los gobiernos. De manera conjunta o separada, organizaciones no gubernamentales han conseguido la reforma de leyes y decretos y el cambio de prácticas para impedir conductas corruptas, así como también han aportado propuestas expertas para superar faltas o fallas en los mecanismos de rendición de cuentas o cumplimiento de metas de transparencia. Una clave en estos progresos ha sido, generalmente, la construcción de redes colaborativas entre estas entidades y el mundo académico, las asociaciones profesionales y los medios de comunicación. 

Pero las organizaciones no gubernamentales identificadas con este tema como prioritario exhiben significativas restricciones como las fuentes de financiamiento que aseguren su plena autonomía, la construcción de capacidades expertas independientes o riesgos, como los intentos de cooptación por el gobierno, los partidos políticos o los grupos de interés. 

En este sentido, las universidades públicas pueden contribuir a combatir el flagelo de la corrupción y promover la integridad y la transparencia. El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo establece, en su Artículo 76, que “la Universidad estimula todas aquellas actividades que contribuyan sustancialmente al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia». Las universidades públicas poseen autonomía para determinar sus propias agendas y planes de acción, disponen de conocimiento experto y de experiencia comprobada para encarar problemas complejos. Las universidades públicas registran una acendrada tradición en el despliegue de grupos científicos transdisciplinarios y exhiben un pluralismo activo usualmente ausente en los gobiernos, los partidos e inclusive las organizaciones no gubernamentales. Los profesores e investigadores de universidades públicas acceden a sus cargos por mecanismos abiertos y públicos como los concursos de oposición y antecedentes y gozan del prestigio y reputación reconocidos a nivel global. 

En conclusión, las universidades públicas no solamente pueden, sino que deben sumarse a la ascendente cantidad de entidades e iniciativas en el terreno anticorrupción. Las universidades públicas pueden identificar sus prioridades en esta lucha en forma autónoma de los gobiernos, pueden liderar con eficacia la promoción de agendas de reformas concretas y pueden formular programas sin depender del financiamiento de fuentes que condicionen su accionar.

OBJETIVO:

Promover y garantizar el acceso a la información pública y fomentar la participación de la comunidad universitaria en la fiscalización de los actos de gobierno y del Estado Argentino.

FUNCIONES:

  • Realizar el seguimiento de los actos de gobierno nacional y los gastos del Estado 
  • Facilitar a la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil en particular del acceso a la información, incluyendo, pero no limitado a, presupuestos, contratos, nombramientos y resoluciones administrativas.
  • Desarrollar propuestas para la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de los asuntos públicos del Estado argentino. 
  • Promover la formación y capacitación en temas de transparencia y acceso a la información.
  • Fomentar la participación de estudiantes, docentes y personal no docente en actividades de control y supervisión.
  • Producir informes sobre los niveles de transparencia de las diferentes dependencias públicas.
  • Generar información sistematizada sobre la eficiencia en los mecanismos de gestión administrativa de diferentes áreas de los estados locales, subnacionales y nacional de la Argentina. 
  • Difundir a través de los diferentes medios disponibles en la Universidad de Buenos Aires de informes periódicos con los hallazgos producidos por los expertos del Centro.
[1] RESCS-2024-1681-UBA-REC